Miércoles, 14 Marzo 2018 16:59

El PP solicita al gobierno municipal una campaña informativa sobre la nueva Ley de Contratación pública

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Hellín ha querido poner en conocimiento de los ciudadanos algunas de las novedades y cambios que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratación pública afectará a los proveedores y empleados de las administraciones, incluida la local, solicitando, del mismo modo, que el gobierno municipal lance una campaña informativa sobre el contenido de esta nueva normativa y los cambios y adaptaciones que tendrán que realizar quienes quieran proveer o trabajar para el Ayuntamiento.

Así lo explicaban los concejales del grupo popular, Marta Pérez y Juan Antonio Moreno, manifestando que esta nueva Ley, que entró en vigor el pasado viernes, supone la introducción de medidas para mejorar la transparencia, la agilidad y el control en las adjudicaciones públicas a través de la Administración electrónica. Así, introduce en su articulado nuevos criterios de adjudicación de los contratos que inciden en políticas horizontales de carácter social, medioambiental y de fomento de la innovación, de manera que puedan ser exigidos por los órganos públicos de contratación, tanto durante la licitación de las obras o servicios como a lo largo de la adjudicación de los contratos.

La Ley traspone al ordenamiento jurídico español las directivas europeas en materia de contratación pública, y conllevará la supresión de la posibilidad de contratación sin publicidad, la obligación de la factura electrónica y la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas.

Las principales novedades de esta nueva normativa son, de un lado, la introducción de nuevos tipos de contrato. Se elimina el contrato de colaboración pública privada, así como el contrato de gestión de servicio público y las 4 modalidades de gestión indirecta de los servicios públicos, delimitando seis nuevos tipos: Contrato de Obras, Contrato de Concesión de Obras, Contrato de Concesión de Servicios, Contrato de Suministro, Contrato de Servicios y Contratos Mixtos. Por otro lado, también se modifican los umbrales de contratación en las entidades locales, en los contratos de suministros y servicios se pasa de 18.000 euros máximos a 15.000 euros y en los de obras de 60.000 euros se pasa a 40.000 como tope.

Juan Antonio Moreno aseguró que el objetivo de la Ley es hacer posible que se utilice la contratación pública como instrumento para llevar a la práctica esas políticas, tanto europeas como nacionales, que nos permitan avanzar como país en materia social, medioambiental y de fomento de la innovación. Para hacerlo, introduce en su articulado nuevos criterios de adjudicación de los contratos que inciden en todos estos aspectos, de manera que puedan ser exigidos por los órganos públicos de contratación, tanto durante la licitación de las obras o servicios como a lo largo de la adjudicación de los contratos. De esta manera, se pretende incentivar a las empresas para que desarrollen una gestión que sea socialmente responsable en distintos ámbitos de interés para el país. Así, a través de esa contratación pública socialmente responsable, las autoridades deberán promover oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, igualdad de género, accesibilidad, comercio justo, el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores o la más amplia aplicación de las normas sociales, así como compromisos voluntarios más exigentes en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas.

Por ese motivo, explicó, la Ley obliga a las Administraciones Públicas a garantizar que los contratistas cumplen con las normas aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Para conseguirlo, se incluyen requisitos de adjudicación como el fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables y, en general, la inserción socio laboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual, o los criterios referidos al suministro o a la utilización, durante la ejecución del contrato, de productos basados en un comercio equitativo.

Pos su parte, Marta Pérez destacó que la Ley de Contratos que entra en vigor pretende mejorar la eficiencia en las adjudicaciones, prestando mayor atención a la calidad y la innovación. Por eso, establece como criterio de adjudicación la mejor relación entre la calidad y el precio, sustituyendo el anterior criterio de adjudicación, que se limitaba a valorar la oferta económicamente más ventajosa.

La concejal quiso insistir en que esta normativa va a afectar a miles de empresas y a millones de ciudadanos y va a servir para ordenar decenas de miles de contratos cada año de todas las Administraciones Públicas del país, desde la Administración General del Estado y las entidades que dependen de ella a las Administraciones Autonómicas y Locales. Siempre desde el respeto a la autonomía y a las competencias de cada una de ellas.

Por ello la solicitud de una campaña de información para todos los proveedores municipales para que tengan todas las facilidades a la hora de seguir manteniendo su relación comercial con el Ayuntamiento, puesto que, entre otras cosas, obligatoriamente tendrán que registrarse en un Registro Único Estatal como proveedor de alguna administración como condición indispensable.

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